Génova, 8 de enero del 2006

Trás dos meses de proceso por los hechos de la Díaz, el magistrado Barone ha dispuesto que sólo comparezcan los testigos que deban aclarar nuevos hechos o hechos que no hayan sido adquiridos aún por el tribunal de magistrados, reservandose la posibilidad de examinarles en lo relacionado con las lesiones.

Esta decisión nos parece enigmática y peligrosa. Concierne cuatro años de investigaciones, centenares de partes civiles, rogatorias internacionales, 29 acusados entre los más altos grados de las fuerzas del órden presentes en Génova en un proceso que ha sido llamado por algunos el "proceso a la policía" por los delitos de lesiones, falso testimonio y calumnia.

Limitar los testimonios implicaría decidir preventivamente qué imputaciones tienen sentido y cuales no. Implicaría minimizar o restar importancia a lo hechos con una disposición del juez que parece considerar este proceso como un ordinario procedimiento por una pelea. Y parece un grave error en el trato a las 93 personas arrestadas arbitrariamente durante la perquisición que tuvo lugar a golpe de botas y de porras, con 63 heridos, victimas que ahora vienen a Génova para contar al tribunal su versión de los hechos y no una simple bofetada arbitraria de las fuerzas del órden, o más en general, para intentar reconstruir en la medida de lo posible los hechos acaecidos aquella noche.

Acelerar este proceso o por lo menos no resaltar los terribles relatos que cada semana se escuchan en la sala es una manera como otra cualquiera de restar importancia sobre un sector, aquel de las fuerzas de seguridad, de gran importancia en la estrategia política pre-electoral y en general porque lo acaecido Génova se quiere ignorar, asi como sus consecuencias jurídicas. Hay un gran "pero" en todo esto y la desconfianza es una virtud en este sentido. Nos gustaría que esta sentencia fuese una forma de sentencia previa en lo concerniente al falso testimonio y la calumnia, dejando tan solo por determinar las lesiones específicas, pero estamos convencidos de que en realidad servirá para restar el valor histórico y político del proceso y no para llegar más velozmente a un sentencia que tenga en cuenta los testimonios de todas las victimas y de las partes civiles.
En espera de la respuesta de los abogados de las partes civiles, criticamos esta última disposición de los magistrados como la enesima tentativa de frustrar la posibilidad de llegar a una reconstrucción pública de todo aquello que acaeció aquella noche en la Diaz.

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